¿Cambio prometido o silencio legislativo? La “nueva” política que no aparece en Yucatán

Hace año y medio, en plena efervescencia electoral, los entonces candidatos a diputados federales de Morena recorrían municipios, estrechaban manos, prometían cercanía permanente y juraban —con solemnidad casi épica— que serían distintos a los legisladores del PRI y del PAN. Hoy, la pregunta que resuena en comunidades urbanas y rurales es tan simple como incómoda: ¿dónde están?

Habitantes de diversos municipios señalan que, tras obtener el triunfo en las urnas, los diputados federales prácticamente desaparecieron del radar ciudadano. Aquellas oficinas de enlace que durante campaña parecían brotar en cada colonia hoy lucen cerradas, mudas o convertidas en espacios fantasma donde nadie sabe informar nada… salvo quizá la próxima elección.

Promesas recicladas, resultados invisibles

Durante las campañas, el discurso fue claro: habría una nueva forma de hacer política, cercana a la gente, austera y distinta a las “viejas prácticas”. Sin embargo, muchos ciudadanos consideran que el resultado ha sido inquietantemente familiar: escasa presencia territorial, poca rendición de cuentas y una comunicación limitada a publicaciones cuidadosamente filtradas en redes sociales.

“Dijeron que serían diferentes, pero se volvieron iguales… o más lejanos”, comenta un vecino del interior del estado, quien recuerda que los ahora legisladores prometieron regresar periódicamente a escuchar a la población. Al parecer, ese calendario de visitas quedó archivado junto con los volantes de campaña.

La cercanía… en modo avión

En comunidades con rezagos en infraestructura, salud o seguridad, la ausencia se percibe con mayor intensidad. Líderes sociales señalan que, cuando se trata de gestionar recursos federales o canalizar demandas, resulta difícil identificar a quién acudir. Paradójicamente, la representación popular —al menos en teoría— consiste justamente en eso: representar.

Mientras tanto, los informes legislativos suelen destacar iniciativas, votaciones y posicionamientos en la Cámara de Diputados, pero pocas veces explican cómo esas acciones se traducen en beneficios tangibles para Yucatán. La política nacional avanza; la conexión local, no tanto.

¿Cambio de partido o continuidad de costumbres?

La narrativa de ruptura con el pasado fue uno de los pilares del triunfo electoral. No obstante, para muchos ciudadanos, la experiencia posterior ha reforzado la sensación de que los colores partidistas cambian más rápido que las prácticas políticas.

La crítica recurrente no es solo la ausencia física, sino la percepción de que el contacto con la ciudadanía se activa únicamente cuando se aproximan procesos electorales. Es decir, la política de proximidad funciona… pero con temporizador.

El silencio también comunica

En política, la falta de presencia no es neutral: también envía un mensaje. Para algunos analistas, el vacío territorial puede interpretarse como confianza excesiva en la popularidad de la marca partidista o como cálculo estratégico para evitar desgaste en temas locales complejos.

Sin embargo, para la población, la interpretación es mucho más sencilla: si no se ve al representante, difícilmente se siente representada.

Una pregunta que sigue abierta

A mitad del periodo legislativo, la interrogante inicial permanece sin respuesta clara. Los ciudadanos que escucharon promesas de transformación esperan, al menos, señales de que no fueron solo palabras de campaña.

Porque al final, la política no se mide por discursos del pasado, sino por presencia en el presente. Y en Yucatán, muchos aseguran que esa presencia —la que prometía ser distinta— sigue sin aparecer.

spot_img

Related articles

spot_img
Previous article
En un episodio que confirma que en la burocracia electoral también se practica el arte de gastar sin usar, consejeros del Instituto Nacional Electoral responsabilizaron a su presidenta, Guadalupe Taddei, por irregularidades administrativas que derivaron en un quebranto estimado en 672 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión del ejercicio 2025. El hallazgo central resulta difícil de explicar sin ironía: se imprimieron 521 millones de boletas electorales que nunca se utilizaron. Sí, millones de papeletas destinadas a una elección que no las necesitó, pero que sí costaron dinero público. Fallas de planeación… con precio millonario De acuerdo con las observaciones de la ASF, las anomalías se originaron en deficiencias de planeación, administración de contratos y toma de decisiones presupuestales dentro del instituto, particularmente en procesos de adjudicación y control interno. Consejeros electorales sostienen que la Presidencia del INE concentra facultades administrativas clave —nombramientos, supervisión de áreas estratégicas y autorización de contratos—, por lo que atribuyen la responsabilidad directa a Taddei. El consejero Martín Faz calificó la responsabilidad como “absoluta”, especialmente por el nombramiento de Octavio García, quien pasó de ser proveedor a ocupar una posición vinculada con la administración de recursos del organismo. “No fue el Consejo, fue quien firmó” En la misma línea, la consejera Dania Ravel señaló que la supervisión de posibles anomalías corresponde a la Junta General Ejecutiva, órgano encabezado por la presidencia del instituto. En consecuencia, sostuvo que la responsabilidad debe recaer en quien realizó los nombramientos y autorizaciones, no en el Consejo General en su conjunto. El señalamiento deja ver una dinámica institucional donde, cuando aparecen irregularidades, cada instancia recuerda con precisión quirúrgica cuáles facultades no le corresponden. Boletas que nadie pidió, pero todos pagaron El caso ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el manejo de recursos públicos dentro del órgano encargado de organizar las elecciones federales, especialmente en un contexto donde el propio instituto ha defendido reiteradamente la necesidad de presupuestos elevados para garantizar la democracia. La paradoja resulta inevitable: mientras el discurso institucional insiste en la austeridad responsable, la realidad muestra millones de boletas impresas que terminaron sin uso, como si la planeación electoral se hubiera basado en la lógica de “por si acaso”. La auditoría que incomoda Las observaciones de la ASF no implican automáticamente responsabilidades penales, pero sí obligan al INE a aclarar, corregir o solventar las irregularidades detectadas. Dependiendo de las respuestas institucionales, el caso podría escalar a procedimientos administrativos o sanciones. Por ahora, el episodio deja una pregunta incómoda flotando en el ambiente político: si un organismo autónomo encargado de organizar elecciones no puede prever cuántas boletas necesita, ¿qué tan sólido es su control interno sobre miles de millones de pesos del erario?
Next article