Mientras el discurso oficial insiste en que “todos los días hay buenas noticias” y que el estado avanza hacia la prosperidad, los datos más recientes del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicados por el INEGI, dibujan un panorama muy distinto para la administración de la gobernadora Layda Sansores. Las cifras correspondientes a octubre de 2025 colocan a Campeche entre las entidades con peor desempeño industrial del país, con caídas que difícilmente pueden atribuirse a factores coyunturales o a gobiernos pasados.
El informe revela que la actividad industrial total en el estado se desplomó -15.8% anual en cifras originales, mientras que el sector de la construcción registró una caída de -52.7%, una de las más severas a nivel nacional. En términos desestacionalizados, Campeche también presentó retrocesos de -15.7% anual y -1.6% mensual, confirmando una tendencia negativa sostenida. A ello se suma la contracción en minería (-8.6%) y manufacturas (-15.1%), lo que mantiene a la entidad en los últimos lugares del desempeño industrial del país.
Especialistas coinciden en que no puede haber dinamismo en la construcción si no existe obra pública significativa. Rehabilitar espacios ya existentes, pintar infraestructura heredada o realizar mejoras superficiales no sustituye proyectos de gran escala capaces de generar empleos, cadenas productivas y recaudación. El dato de -52.7% refleja, en términos prácticos, menos contratos, menos trabajo para proveedores locales y menor derrama económica en comercios y servicios.
El panorama se agrava con las cifras de crecimiento económico por entidad federativa, donde Campeche presenta un decrecimiento de -11.7%, ubicándose entre los peores desempeños del país. A pesar de ello, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, señalado como responsable de atraer inversiones, no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre la falta de resultados. La narrativa de nuevas inversiones y generación de empleo contrasta con indicadores que apuntan en sentido contrario.
Además, el propio INEGI ubica a Campeche entre las tres entidades con mayor inflación del país, lo que significa que, mientras la economía se contrae, el costo de la canasta básica continúa aumentando. Para las familias, esto se traduce en una doble presión: menos oportunidades de ingreso y mayor costo de vida, un escenario que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.
Con más de cuatro años y medio de gobierno, el margen para atribuir los resultados a administraciones anteriores se reduce considerablemente. Diversos analistas señalan que el clima de confrontación política, los conflictos con sectores empresariales y la incertidumbre institucional han afectado la confianza para invertir en la entidad. Mientras tanto, el discurso optimista se mantiene inalterable, pese a que los indicadores oficiales describen una economía en retroceso.
El contraste entre narrativa y realidad estadística ha alimentado el debate público sobre la efectividad de la gestión estatal. Porque, más allá de los posicionamientos políticos, los números reflejan menos crecimiento, menos obra pública, menos empleo y mayor inflación. Y en economía, a diferencia de la retórica, los resultados no dependen de percepciones, sino de datos verificables. Hoy, esos datos sitúan a Campeche en uno de sus momentos económicos más complejos en décadas, lejos del panorama de prosperidad que se promete desde el poder.
