La instalación de las nuevas oficinas del director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) en la zona norte de la ciudad ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la accesibilidad ciudadana y las prioridades institucionales en medio de los persistentes problemas de presión y abasto del agua en distintos sectores de la capital yucateca.
El inmueble que ahora alberga al titular del organismo fue durante varios años sede oficial de la ASEY (Auditoría Superior del Estado de Yucatán), lo que añade un componente simbólico al cambio de uso del edificio, anteriormente vinculado a la fiscalización del gasto público.
Señalamientos por renta de oficinas pese a patrimonio propio
Diversas voces han cuestionado la decisión de rentar un espacio en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, cuando la propia JAPAY dispone de varios inmuebles en operación, principalmente en el centro histórico y en la Colonia Alemán.
La crítica se centra en el posible impacto financiero de la renta, especialmente en un contexto donde usuarios reportan baja presión, cortes intermitentes y deficiencias en el suministro del agua potable en diversas colonias.
“¿Por qué destinar recursos a oficinas de alto costo cuando la infraestructura hidráulica enfrenta rezagos?”, es una de las preguntas que circula entre ciudadanos y observadores del sector.
Prioridades bajo escrutinio
El traslado de las oficinas ocurre en un momento en que el servicio de agua potable se mantiene como una de las principales demandas urbanas. Colonias enteras han denunciado dificultades para contar con presión suficiente, sobre todo en horarios pico o en zonas de crecimiento reciente.
Para críticos de la medida, la inversión en un inmueble de alto perfil proyecta una imagen de desconexión con las necesidades cotidianas de la población.
