En política, como en la cocina yucateca, el exceso de fuego puede arruinar el guiso… y el problema es que aquí parece que dejaron la olla sola. A tan solo 16 meses de que Morena asumiera el control del estado, el desgaste dejó de ser percepción para convertirse en dato duro: el gobernador Joaquín Díaz Mena ya aparece en el lugar 22 de 32 mandatarios del país en niveles de aprobación. Un descenso exprés del entusiasmo electoral a la zona media-baja nacional que, aunque no rompa récord Guinness, sí rompe expectativas.
El llamado “Renacimiento Maya” suena grandioso en discursos y boletines —casi cinematográfico—, pero en la vida cotidiana muchos ciudadanos siguen esperando el tráiler… no el de cerveza, sino el de los resultados. Se anuncian proyectos de gran escala y obras “históricas”, mientras en colonias y comisarías la pregunta es más pragmática: ¿eso paga la despensa de esta semana?
El contraste es evidente. La narrativa oficial habla de futuro; la economía familiar exige presente. Y entre ambos tiempos se abre un hueco incómodo que ni los renders ni los slogans logran rellenar.
Los programas sociales federales —derecho constitucional, no dádiva— son recibidos con gratitud, pero también con resignación. Porque, como dicen en el campo, el apoyo ayuda… pero no sustituye la “raya” constante que dejaban las obras y empleos locales.
Recibir alrededor de seis mil pesos bimestrales puede ser un respiro momentáneo, pero difícilmente dinamiza economías comunitarias donde antes circulaba efectivo semanal para ampliar la casa, mejorar el solar o pagar deudas urgentes. En otras palabras: sirve para no ahogarse, no para nadar.
Si el desgaste del Ejecutivo preocupa, el espectáculo legislativo raya en lo surrealista. El propio gobernador lanzó un mensaje aparentemente claro: quien tenga aspiraciones políticas, que renuncie.
Sin embargo, en el Congreso estatal la instrucción parece haberse interpretado como sugerencia opcional con letra chiquita. Diputadas y diputados de Morena continúan en funciones mientras, paralelamente, calientan motores rumbo a 2027.
La escena es digna de un manual de contradicciones: se legisla en horario laboral y se hace precampaña en tiempo extra… o viceversa. Tal vez el cálculo sea simple: mejor asegurar el sueldo presente mientras se prueba si el capital político alcanza para el siguiente salto.
Dentro del partido gobernante, la armonía proclamada contrasta con tensiones cada vez más visibles. Grupos internos empujan agendas propias, los fundadores reclaman espacios y algunos observadores describen al gabinete como un mosaico de cuotas más que un equipo cohesionado.
La “transformación” prometida corre el riesgo de diluirse en disputas internas, como tinta en agua.
En Yucatán, donde la cortesía suele ser norma social, el descontento rara vez estalla en público… pero sí se acumula en silencio. Y cuando llega la jornada electoral, ese silencio habla con contundencia.
El 2027 aparece ya en el horizonte como el momento en que se evaluará si el entusiasmo inicial fue capital político bien administrado o simplemente un cheque que se empezó a gastar demasiado pronto.
Porque al final, más allá de slogans, rankings o conferencias, hay dos indicadores imposibles de maquillar: el bolsillo y la memoria del votante. Y ninguno suele ser indulgente.
