Organizaciones y colegios de abogados de Sinaloa interpusieron este 17 de febrero una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien señalan por la presunta comisión de diversos delitos en medio de la crisis de violencia que atraviesa la entidad.
Acusaciones por delitos graves
De acuerdo con los litigantes, agrupados en distintas asociaciones y federaciones de abogados del estado, la denuncia contempla posibles conductas como delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, encubrimiento y otras relacionadas con la administración de justicia.
Los promoventes solicitaron a la autoridad federal integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra el mandatario estatal.
Contexto de violencia en la entidad
La acción legal se presenta en un escenario marcado por altos niveles de inseguridad en Sinaloa, situación que —según los denunciantes— evidenciaría presuntas omisiones graves por parte del gobierno estatal en materia de seguridad pública.
Los abogados sostienen que la falta de resultados frente a la violencia ha generado preocupación social y exige una revisión institucional de posibles responsabilidades.
Exigen investigación imparcial
Quienes impulsaron la denuncia subrayaron que su objetivo es que los hechos se esclarezcan conforme a derecho y con apego a la legalidad, sin consideraciones políticas.
Asimismo, advirtieron que darán seguimiento puntual al caso para verificar que las autoridades federales actúen con transparencia y dentro del marco jurídico.
Proceso apenas inicia
Hasta el momento, la presentación de la denuncia no implica culpabilidad, sino el inicio de un proceso de investigación en el que corresponderá a la FGR determinar si existen pruebas suficientes para judicializar el caso.
El desarrollo de esta indagatoria podría tener repercusiones políticas y jurídicas relevantes, en un contexto nacional donde la seguridad pública continúa siendo uno de los principales temas de preocupación ciudadana
